Alta Tensión

Recién pensaba acerca de la nota por escribir de esta semana [nota no resuelta desde hace ya varios días, pero en proceso] y editaba por enésima vez un párrafo que no parecía del todo funcional mientras veía una de esas películas clase *B* que son muy buena compañía y no demandan atención alguna mientras se teclean algunas líneas, luego la transmisión se interrumpió par dar paso a ese molesto logo de la oficina de presidencia del que no hay escapatoria porque la señal esta encadenada en TV abierta. Y sólo de forma preventiva haré uso de mis derechos constitucionales, antes de dar curso completo a esta nota [Y aunque quisiera confiar en nuestro sistema judicial y el gobierno Republicano], prefiero ser precavido [Es Republicano] y hacer hincapié en lo siguiente:

ARTICULO 7º.-

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica.

El anunció de la liquidación de cualquier paraestatal es de por si complicada, y refleja entre otras cosas la imposibilidad [histórica cabe mencionar] de cubrir sus expectativas como prestadoras de servicios que no se pueden dejar en manos de la iniciativa privada, [Según el artículo 27 constitucional] y la poca o nula supervisión del funcionamiento y rentabilidad de las mismas; lo que derivó en los numerosos vicios que con el paso de las décadas se generaron al interior de la empresa en cuestión. Es así que amparado en el artículo 16º de la *Ley Federal de las entidades paraestatales* se da fin a LFC. Para los curiosos, este es el texto:

Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. [Reformado y publicado en DOF 24-07-1992]

A esta acción del Ejecutivo Federal hay que hacer un breve recuento sobre privatización y otros movimientos que se han dado en México durante las últimas dos décadas, no sin antes mencionar una frase que en este momento puede resultar irrisoria: *El gobierno debe gobernar, no ser empresa* [Lo dejo a su consideración] Rebobinando: Hacia mediados de 1990 comenzó el proceso de privatización de TELMEX, bajo el gobierno de CSG, y que curiosamente queda en manos de Carlos Slim en sociedad con France Telecom y Southwestern Bell. Pero parece ser que a partir de la adquisición de la agonizante telefónica y la mayor ventilación del Sr. Helú como personaje [cada vez más] público; la falta de memoria llegó a todos los medios de comunicación y personajes de la política nacional e internacional, así como la élite empresarial mundial. Para refrescar la memoria de nuestros lectores: la compra, amenaza, suspensión y la no comprobable responsabilidad de desaparición de dirigentes sindicales y simpatizantes de los mismos; la creación de sindicatos blancos, el rompimiento de huelgas y paros laborales vía *Legal* [y a veces también al margen] así como la declaración de quiebra o disolución de empresas por *diferencias* entre los accionistas, compras, fusiones y venta de las mismas, son cosas que no aparecen en el expediente público de uno de los hombres favoritos de Forbes ¿Será que todo ocurrió en mi imaginación? O será que el sistema en el que he confiado [inocentemente] durante ya tres décadas ¿Es corruptible? Bueno, la respuesta queda en nuestra inexistente memoria histórica y en la consciencia.

Después de esto y retomando el tema, viene a relucir otra paraestatal que no existe más: La cuna de *The Simpsons* en México. Y si bien es cierto que el caso de la desaparecida Imevisión no es el de una empresa de servicios ajustable al bendito artículo 16º de la mencionada ley; la memoria me dice que todo esto ocurrió en 1993 mientras viajaba en un taxi por la avenida Insurgentes norte rumbo a la preparatoria, y en el noticiario de las 2 de la tarde se da a conocer oficialmente la noticia de la *des-incorporación* de la televisora estatal fundada en 1968 [que no lo fue hasta el mes de marzo de 1972, hasta que al ahora ex—presidente Luis Echeverria se le ocurrió la maravillosa idea de fortalecer la imagen del estado como transmisor a través de los medios de comunicación electrónicos por medio de la flamante y recién comprada *Imevisión* -sin posibilidades de negativa- por parte de Don Francisco Aguirre, propietario hasta entonces de la televisora de Grupo Radio Centro] Una vez anunciado el proceso de *remate* que se llevaría a cabo en los meses siguientes para *regularizar* la falta de eficiencia operativa de la cadena de medios en poder del estado, el resultado es de todos conocido: la venta por licitación de un *paquete* que incluía los canales 7 y 13 [con 78 y 90 canales respectivamente] a un conglomerado empresarial que no existía hasta ese momento y que fue expresamente creado para competir en esta licitación, *Grupo Radio televisora del Centro* cuyo mayor accionista era Director de Grupo Elektra. En su momento y a la toma de posesión de instalaciones, puesto y cambio de imagen por el de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego en entrevista dentro del flamante noticiario nocturno conducido por Javier Alatorre declaró algo muy parecido a estas líneas [que no encontré en cita textual por más que lo busqué]: *Estamos aprendiendo a hacer televisión, este no era nuestro giro hasta hace muy poco tiempo, pero estoy seguro de que el equipo que conformamos para esta empresa tan grande es el mejor para llevar a cabo esta gran labor y quedarnos en el gusto de público mexicano*

En los dos casos anteriores, se estableció una dinámica que se repite con el reciente caso de LFC, aunque con algunas diferencias importantes: esta vez no es posible dejar esta compañía a licitación pública, pero si romper con los esquemas que hacen tan pesado el aparato burocrático de la empresa; el contrato colectivo de trabajo y la desaparición del sindicato que integra a los trabajadores de LFC. En cuanto al servicio de generación y distribución de energía eléctrica estipulado en el artículo 27º de la Constitución de 1917, recordemos que la generación de energía eléctrica en México se encontraba en manos de la iniciativa privada a finales del siglo XIX y hasta 1937, año de creación de CFE y el posterior de LFC, cuyo propósito inicial era la mejora del servicio de distribución de energía eléctrica, así como la homologación y optimización de voltajes e interfases de generación. La participación de ambas compañías como socias o copropietarias de la infraestructura existente hasta el mencionado año era de 0% y llegó al 54% hacia mediados de los años 70’s, pero solo tras la nacionalización de la industria eléctrica encabezada por Adolfo López Mateos en 1960 [después de una de las múltiples reformas constitucionales que ha sufrido] deja un texto que dicta lo siguiente:

"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transferir, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

[Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1960]

Es en ese momento que LFC se convierte como tal, en una empresa de control sobre generación y distribución de energía, que modifica su razón social en 1963 y entra por primera vez en proceso de liquidación en el año de 1974. La cuestión es: si bien la reforma estructural profunda de LFC solicitada por el Ejecutivo Federal implica la extinción de la compañía misma y la liquidación de sus trabajadores, es cierto también que aún no queda claro cuales serán las nuevas condiciones laborales de la compañía, en un proceso que es por demás turbio, sobre todo si se considera que no ha quedado claro de que manera seguirá este proceso y recontratación de los empleados y trabajadores de LFC, así como el gasto que representa para el Erario Federal [en plena recesión] el pago por concepto de finiquitos. Y aunque puede ser solo una más de mis paranoias, no puedo dejar de pensar que este proceso llega [casualmente] en un momento en el que la competencia por la señal combinada de TV, telefonía e Internet después de la apertura decretada por SCT al inicio de esta década, en LFC se hacían pruebas desde 2006 para el transporte de estas señales en la banda de frecuencias de energía eléctrica dentro de su infraestructura, con decodificadores desarrollados casi a punto y con una licitación en trámite para la distribución de estas señales, lo que al hubiera permitido una rápida recapitalización de la compañía, la evolución de la paraestatal y una competencia muy sería para algunos de los empresarios mexicanos en las listas de Forbes. Los nombres los dejo a la imaginación de todos ustedes.